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Viernes, 23 Noviembre 2012 10:47

Detenciones y trato a los peritos: lo que falta es criterio y seriedad

La histeria vivida ayer en el Servicio Médico Legal (SML) por el arresto de un perito que no se presentó a declarar en un Juicio Oral es tan patética como el desconocimiento del Ministro del ramo sobre la función pericial.


Por una parte es preciso entender que el Código Procesal Penal, en su Artículo 33, faculta la detención de todo aquél que – notificado de su citación a un juicio – no se presente. Por otra parte no cabe sino quedar perplejo ante las declaraciones vertidas por Teodoro Ribera N., quien contradiciendo el principio básico de oralidad que rige el procedimiento penal, afirmó "que un perito comparezca para ratificar lo que ha dicho por escrito carece de toda lógica" (sic).

Entendiendo entonces (a diferencia del Ministro) que la comparecencia del perito es un deber legal insoslayable, resulta necesario ahondar en algunos aspectos que han pasado desapercibidos y/o que sistemáticamente son obviados por algunos intervinientes (sean Fiscales, Querellantes, Defensores o Jueces... y por qué no decirlo, también algunos peritos).

Lo primero tiene que ver con la citación. Ésta puede ser notificada por cualquier medio (incluso por un mensaje de texto si así se quisiera), labor que recae en el Tribunal en el cual tendrá lugar el respectivo juicio.

Es obvio que para contar con la asistencia del perito éste debe haber recibido la respectiva notificación (cuestión que el SML alegó ayer que no había ocurrido, no obstante esa versión fue posteriormente desestimada por el Tribunal Oral de San Felipe). Pero el tema no se resuelve sólo con la correspondiente notificación.

Suele olvidarse que cuando se notifica se informa tan solo el día de inicio del juicio. Pero los juicios normalmente duran varios días (incluso semanas o meses), por tanto esa fecha notificada únicamente tiene un valor referencial, ya que puede no coincidir con el día en el cual se requerirá contar con la presencia del perito (es más, lo habitual es que no sean coincidentes).

Visto lo anterior, el mero trámite de notificación necesariamente ha de ser complementado con una coordinación directa entre quien requiere la pericia con el respectivo perito. El litigante interesado en contar con el perito en audiencia debe contactarlo, cuestión que se justifica por varios motivos:

 

  • Para ratificar que el perito ha sido notificado de la diligencia
  • Para coordinar un día y horario aproximado de comparecencia, a fin de evitar que el perito pierda el tiempo esperando declarar, dejando sin atender otras obligaciones profesionales
  • Para anticipar cualquier dificultad del perito en la comparecencia (ej. otra citación el mismo día, imposibilidad de asistir por licencia médica, ausencia del país, etc.), pudiendo entonces coordinar con tiempo alguno de los tantos recursos disponibles para tales efectos (ej. re-estructurar el orden de rendición de la prueba, siendo incluso posible invertirlo con la anuencia de las otras partes; solicitar declaración anticipada o por videoconferencia; solicitud de recesos, etc.)
  • Para trabajar con el perito la estrategia de la declaración, a fin de asegurar el éxito procesal
  • Por respeto profesional: el perito es un asesor de la justicia y merece ser tratado como tal. Por más que la comparecencia sea una obligación, todo perito puede tener motivos justificados para estar imposibilitado de asistir. En dicho escenario NUNCA el litigante debiera escudarse en su prerrogativa legal ya que está tratando con un profesional, no con un delincuente que amerite el despacho de una orden de arresto a las policías


Lamentablemente, no todos los intervinientes entienden lo anterior ni realizan un trabajo serio. Muchos siguen viendo a los peritos como meros entes contractual- y legalmente serviles a sus intereses, cuestión inaceptable desde todo punto de vista.

Sabemos bien de lo que hablamos porque lo hemos padecido como institución. Notificado de una citación a juicio el día 11 de Junio del presente año, el Dr. Leonardo González W. de FORENSIK S.A. estuvo a la espera de la respectiva coordinación de la parte que lo requería, en este caso, el Defensor licitado de la V° Región, Sr. Sebastián Cáceres. Este contacto se produjo recién el 25 de Junio, o sea, a dos semanas de la citación original. En la oportunidad se le hizo saber que el perito no podría comparecer entre el 03 al 05 de Julio por encontrarse impartiendo un curso a la Academia Judicial, actividad que por lo demás estaba fijada por licitación pública desde mucho antes de recibida la citación al Juicio. En la ocasión el defensor manifestó que no veía inconvenientes y que estimaba que la declaración tendría lugar el jueves 28 o viernes 29 de Junio; sin embargo, transcurridos los días ello no se concretó.

Lo más grave del caso es que, pudiendo iniciar la rendición de su prueba el Viernes 29 (fecha en la cual el perito sí podía – y de hecho – estaba esperando asistir), el Sr. Cáceres pidió en esa jornada un receso para comenzar la rendición de su prueba el 03 de Julio, fecha en la cual sabía que el Dr. González no podría concurrir. Y durante esa jornada, ante la no presencia del perito, solicitó una orden de arresto que derivó en que el profesional fuera sacado por la fuerza pública desde una clase que impartía (nada menos) a 30 Jueces en comisión de servicio, provenientes de todo el país, quienes sencillamente quedaron botados gracias al capricho de un litigante que – no habiendo sabido ordenar su prueba – no optó por nada más criterioso que escudarse en la prerrogativa legal que lo facultaba a solicitar un arresto.

Cabe indicar que esta situación fue representada a modo de reclamo formal (escrito) ante las autoridades de la Defensoría Penal Pública. A la fecha sin embargo, transcurridos varios meses y pese a múltiples insistencias, el Sr. Andrés Mahnke (Director Administrativo Nacional de la Defensoría Penal Pública) aún no emite la respuesta escrita que comprometió. Y mientras tanto, como quedó de evidencia ayer, funcionarios de la Defensoría Regional de Valparaíso continúan obteniendo la comparecencia de peritos mediante el uso de la fuerza pública.

La seriedad en el trabajo y el criterio no son virtudes que se compren en la farmacia ni condiciones que se puedan asegurar con reformas legales. Es hora que TODOS los intervinientes, jueces, fiscales, querellantes, defensores – y por cierto, también los peritos – empiecen a entender, respetar y/o ejercer el real rol de un perito y su condición de profesional asesor de la justicia.

Finalmente, aun cuando no es lo sustantivo de los puntos expresados, cabe hacer una reflexión marginal: ¿se encargan órdenes de arresto a aquellos litigantes que no se presentan a audiencia? Curiosa asimetría del sistema para con distintos profesionales…

 

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1 comentario

  • Enlace al Comentario Aleida Kulikoff Sábado, 06 Abril 2013 17:23 publicado por Aleida Kulikoff

    Dr. Lo felicito por su artículo. Aleida Kulikoff, perito SML

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